Rafael Rojas: Las estaciones del cambio en Cuba
miércoles 5 de marzo de 2008 15:23:39
Jorge Ferrer
El pasado 27 de febrero Rafael Rojas leyó en la Casa de América, Madrid, la conferencia que sigue.
En ella, Rojas dibuja el paisaje de la transición cubana, a partir de una lectura «desapasionada» del escenario en que nos sitúa la reciente sucesión.
No se trata de análisis que contente a muchos, pero, como bien dice Rafael, «en política, es bueno distinguir realidad y deseo».
Le agradezco ofrezca este texto a los lectores de El Tono de la Voz.
LAS ESTACIONES DEL CAMBIO EN CUBA
Por Rafael Rojas
En los asuntos políticos de cualquier nación es recomendable distinguir, a la manera del poeta Luis Cernuda, la realidad y el deseo. Como muchos exiliados cubanos, deseo una transición pacífica a la democracia en mi país, que restablezca un orden de libertades públicas y conceda plenos derechos de asociación y expresión a la ciudadanía de la isla. La realidad cubana, sin embargo, se mueve en otra dirección: en la Habana acaba de consumarse un proceso de sucesión en el poder, encabezado por Raúl Castro y varios de los políticos más viejos y conservadores del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. En las páginas que siguen quisiera proponer algunas observaciones sobre el alcance de ese proceso de sucesión, dejando a un lado, en lo posible, mis propios deseos. Ningún análisis es plenamente neutral, pero aquellos que proceden fríamente suelen ser más eficaces.
Antes de comenzar, me gustaría advertir que la racionalidad más profunda de la actual sucesión autoritaria, en Cuba, responde a un elemental cálculo biológico. Las élites insulares decidieron aprovechar hasta el último minuto la maquinaria política de la persona de Fidel Castro. La sucesión comenzó el 31 de julio de 2006, cuando la maquinaria falló, y se consumó el pasado 24 de febrero, cuando estaba descartada una recuperación médica. Ahora, esas mismas élites están calculando con precisión el tiempo de vida política activa que queda a la generación histórica: la principal favorecida en el nuevo Consejo de Estado. De no haberse enfermado, Fidel Castro seguiría gobernando Cuba unipersonalmente, como lo hizo durante medio siglo. La sucesión tiene, pues, un origen biológico, no político, lo que no significa que no haya sido planeada hasta el último detalle.
Si algo ha quedado claro en los dos últimos años es el interés que tienen Raúl Castro y su equipo en que esa sucesión sea entendida como un nuevo período de la historia contemporánea de la isla, en la que el gobierno asume la necesidad del “debate” político y el reconocimiento de la “diversidad” social. En vez de persistir en el tono triunfalista, unánime y movilizador de la llamada “batalla de ideas”, la obsesiva estrategia de Fidel Castro desde fines de los 90, los sucesores proponen un lenguaje más realista e institucionalizado, que parte de la admisión pública de la crisis por la que atraviesa Cuba desde 1992. Algo ha cambiado de manera notable en los dos últimos años y es el lenguaje del poder. Ese cambio podría actuar como catalizador de transformaciones más profundas al nivel de la ideología y la política.
El mayor reto al que se enfrentan las élites sucesoras es la preservación de la continuidad de la “revolución” y el “socialismo”, dos conceptos abstractos que se presentan como sinónimos de “patria” o “nación”, pero que políticamente deben ser traducidos como partido único y economía de Estado. Si el período sucesor continúa diferenciándose en su manejo político de las dos últimas décadas fidelistas, se abre la posibilidad de que la sucesión sea rebasada por una transición a la democracia y la economía de mercado. Entre admitir que el sistema no es económicamente eficiente ni políticamente representativo y atribuir esas dificultades, no a fallas en su funcionamiento, sino al diseño del mismo, no hay más que un paso.
Hasta ahora, para el gobierno sucesor el objetivo ha sido propiciar un clima de debate en las bases, que derive en un paquete de reformas, fundamentalmente económicas, sin que el cuestionamiento popular ni las medidas gubernamentales amenacen el partido único y el control estatal de la economía y la sociedad. La operación no está exenta de riesgos, ya que cada vez se hace más difícil para los líderes de la isla persuadir o convencer a la ciudadanía de que problemas de la economía y la sociedad cubanas, como la escasez de luz y agua, el deterioro de las viviendas, la inexistencia de una adecuada red de transporte público, los bajos salarios, la mala calidad de la salud y la educación y los altos precios son causados por el “bloqueo” o la “guerra mediática” del imperialismo y la “mafia” de Miami.
El método que siguen las élites cubanas, para evitar que la transición rebase la sucesión, es el reforzamiento de las instituciones del Estado, en lugar de la apelación a liderazgos carismáticos o a una apertura de la opinión pública. Los debates han sido promovidos por el Partido Comunista, que tiene más de 800 000 afiliados, y por las instancias locales del Poder Popular, que involucran a todos los municipios de la isla. Sin embargo, muy poco de lo que se debatió en esos foros llegó a la prensa, la radio o la televisión, los cuales se mantienen funcionando de acuerdo con el viejo estilo de la “batalla de ideas”, como si Cuba estuviera al borde de una invasión de Estados Unidos o como si la isla gozara de un nivel de vida superior al de Suecia.
En los foros en que se debatieron los problemas de la isla, los dirigentes regionales o nacionales insistieron siempre en el control de las expectativas –“no somos magos”, ha dicho Raúl- y en la necesidad de respetar las estaciones del cambio. Por ejemplo, en el tema inevitable, si se habla de cambio democrático, del partido único, los funcionarios sostienen que antes de pensar en pluripartidismo –“pluriporquería”, le llamó alguna vez Fidel- es preciso lograr la pluralidad dentro del propio partido comunista. Con astucia, Raúl Castro y otros dirigentes de la isla están satisfaciendo un viejo reclamo de la clase política cubana que consiste en democratizar primero el partido para luego democratizar la sociedad.
El gobierno sucesor cuenta, pues, con dos instituciones para echar a andar su limitado proyecto de reformas: el Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todo parece indicar que, antes de convocar al sexto congreso del Partido, que debió celebrarse en el año 2002, Raúl Castro y sus hombres han preferido utilizar el parlamento para aprobar algunas medidas esperadas por la población, como la eliminación de trabas a los negocios personales, el ajuste de precios y salarios, la unificación monetaria, el permiso de salida del país o el libre acceso a algunas instalaciones turísticas. Luego de que el nivel de expectativas baje un poco, tras la implementación de esas u otras reformas, la cúpula dirigente pensará si se arriesga a enfrentar la tensión entre inmovilistas y reformistas que, desde hace años, se vive dentro del partido gobernante.
El debate sobre los cambios ha estado circunscrito a los problemas de la vida cotidiana en la isla. La idea de que lo que los cubanos quieren es cambio económico y no político se difunde abiertamente en círculos oficiales, como si se tratara de reemplazar política con administración, a la manera de la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, los deseos de cambios políticos son reales, sólo que se manifiestan en sectores de la población invisibilizados por las instituciones y los medios de la isla. Los varios miles de opositores que viven en Cuba y los más de dos millones de cubanos que viven en el exilio tienen expectativas de cambios no sólo económicos. Hasta ahora el gobierno de Raúl Castro no ha dado señales de asimilar esas demandas, pero sus negociaciones con Madrid, Bruselas y el Vaticano son reveladoras de que es consciente de que la liberación de presos políticos puede ser un instrumento eficaz en la normalización y diversificación de las relaciones internacionales cubanas.
En la primavera de 2003, como es sabido, en Cuba fueron encarcelados, sometidos a juicios “sumarísimos” y condenados a penas de entre 6 y 28 años de prisión, 75 opositores pacíficos, bajo el cargo de ser “agentes de una potencia extranjera”. Cincuenta y nueve de aquellos disidentes, que forman parte de los 240 presos políticos que hay en la isla, permanecen recluidos a pesar de que el gobierno de Raúl Castro ha anunciado su disposición de suscribir los pactos de Naciones Unidas sobre derechos civiles, políticos, económicos y culturales. La oposición, el exilio y buena parte de la comunidad internacional se preguntan, con razón, por qué no son excarcelados todos los opositores cubanos si el gobierno de la isla, después de medio siglo de negarlo, admite finalmente que los derechos políticos también son derechos humanos.
Es evidente que las señales de cambio enviadas por La Habana, en los dos últimos años, están dirigidas a una comunidad internacional que tomó distancia tras la represión de la primavera del 2003, dejando a Cuba en una prioritaria y absorbente relación con Venezuela. El objetivo de Raúl Castro ha sido reconstruir la red de relaciones con Europa y América Latina que Cuba poseía en los 90 y que la ayudó a enfrentar la ausencia de la URSS. En aquella década, los mayores incentivos para esas relaciones estaban puestos en un posicionamiento ventajoso en las inversiones insulares de cara a una posible transición a la economía de mercado. Ahora, los incentivos siguen siendo los mismos, sólo que cualquier intercambio bilateral con La Habana, que aspire a cierta profundidad, implica también la colocación del tema de los derechos humanos en la mesa de negociaciones.
La manera en que el gobierno cubano ha conducido sus relaciones con España es, en este sentido, muy reveladora del aprovechamiento de la coyuntura que se abre con la convalecencia de Fidel Castro para una normalización y diversificación de los vínculos diplomáticos de la isla. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, por medio de su canciller Miguel Ángel Moratinos, ha impulsado en los últimos años un diálogo con La Habana sobre derechos humanos con dos resultados importantes: la firma de los citados pactos de Naciones Unidas sobre derechos civiles, políticos, económicos y culturales y la liberación de varios de los 75 arrestados en la primavera de 2003. El precedente del diálogo con España está siendo aprovechado por otros actores internacionales como el Vaticano, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos como México y Chile, los cuales deberían colocar, también, el tema de los derechos humanos en la agenda bilateral y desafiar un chantaje que les aplica La Habana en sus respectivos entornos domésticos.
En el orden internacional, la coyuntura es favorable a un proceso de reformas emprendido por el gobierno sucesor de Raúl Castro. Si ese proceso se inicia es muy probable que sobrevenga un choque de expectativas entre el carácter limitado de las reformas económicas que imagina el gobierno sucesor –y que espera la mayoría de la población de la isla- y el deseo de un cambio de régimen y una transición a la democracia que sienten la oposición, el exilio y buena parte de la comunidad internacional, incluida aquella que hoy apuesta por el diálogo con La Habana. En ese choque de expectativas se resolverá la tensión entre sucesión autoritaria y transición democrática que se vive en Cuba desde mediados del 2006.
Las grandes expectativas sobre posibles cambios en Cuba han sido leídas de manera contradictoria: algunos las ven como condiciones para una transición; otros, como premisas de la continuidad. El propio Raúl Castro ha contribuido a esa ambivalencia al hablar de la necesidad de “cambios estructurales” y, al mismo tiempo, advertir que no se esperen transformaciones “espectaculares” o al referirse a “un exceso de prohibiciones” que deben ser revocadas y a la urgencia de que los ciudadanos se sientan libres de debatir sus principales problemas, no para “destruir la revolución y el socialismo”, sino para “perfeccionarlos”. Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, las élites sucesoras cuentan ya con la plataforma adecuada para pasar de la promesa a la realidad del cambio.
A pesar de que el llamado “debate” sobre los “cambios” se traza desde límites muy precisos, son muchos los temas que han emergido en los últimos meses: la excesiva estatalización de la economía, las trabas a la pequeña y mediana empresa privada de capital nacional, la existencia de dos monedas –el peso convertible, equivalente al dólar, en el que funciona la mayor parte del mercado interno, y el peso nacional, con un valor veinte veces menor y con el que se paga la mayoría de los salarios-, los altos precios en el mercado agropecuario, las restricciones para entrar y salir de la isla, el mal servicio del transporte público o la imposibilidad de acceder libremente a hoteles reservados para el turismo. La gran expectativa de cambios acumulada en Cuba en las últimas décadas ha sido desglosada puntualmente, dentro de los límites de una tímida reforma económica.
La pregunta que se impone es si la ciudadanía cubana se conformará con una serie de medidas que desahogue su vida cotidiana. O mejor, si la expectativa de cambios acumulada durante tanto tiempo rebasa los límites de una reforma económica tan estrecha. A juzgar por la oposición y el exilio cubanos, dos actores que existen, a pesar de que el gobierno sólo los tome en cuenta a la hora de reprimir o descalificar, sí. Dentro de la isla hay importantes capas de la población que desean una transformación más profunda, que abarque también el orden político. Fuera de la isla, esa es la perspectiva de la mayoría de las organizaciones exiliadas y de buena parte de la comunidad internacional, aún de aquellos países europeos y latinoamericanos que defienden una estrategia de diálogo con la Habana.
La idea de que lo que “el pueblo cubano desea es comida, no política”, con todo el paternalismo que entraña, se ha difundido mucho dentro y fuera de Cuba. Para las élites insulares se trata de una bendición a su proyecto de reforma económica limitada. Para los partidarios acríticos del gobierno cubano en el mundo se trata de la mejor manera de contribuir a la perpetuación del sistema. Lejos de esa visión tecnocrática, la creciente diversidad de la sociedad cubana, en la isla y en la diáspora, experimenta una acelerada politización que demanda formas plurales de representación y que conduciría eventualmente a un cambio de régimen.
La renuncia de Fidel Castro el 19 de febrero a la presidencia del Consejo de Estado y a la jefatura máxima de las Fuerzas Armadas es un elemento importante de la politización de los cambios en Cuba. Con la instalación de la última Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 24 de febrero, se consumó la sucesión de poderes a favor de Raúl sin un esquema de mínima distribución de la autoridad central. Contrario a lo que muchos esperaban, Raúl fue designado como presidente de los Consejos de Estado y Ministros, y la primera vicepresidencia fue otorgada a un político de tan conocida ortodoxia como José Ramón Machado Ventura. La introducción de cambios en el Consejo de Ministros demorará un poco, pero, cuando se produzca, tal vez propicie la renovación generacional que muchos desean.
A la espera de las medidas anunciadas, la atención mundial permanecerá puesta en la Asamblea Nacional. Ese protagonismo de la institución legislativa de la isla es, de por sí, un cambio importante en la vida política cubana, la cual, en el último medio siglo, ha dependido tanto de las prioridades y los caprichos de una persona. La recuperación de los cauces institucionales de la vida pública, aún dentro de los límites que impone el régimen de partido único, es un elemento favorable para la transición democrática ya que le aporta racionalidad y transparencia a la toma de decisiones del gobierno. Mientras no se convoque a un nuevo congreso del Partido Comunista, la Asamblea será el instituto decisivo de la sucesión cubana.
Lo peor que podría pasar, naturalmente, es que, al igual que a mediados de los 90, las reformas se estanquen dentro del parlamento y que las grandes expectativas de cambio se disuelvan en el inmovilismo ideológico de las élites. Los actores comprometidos con la transición democrática observarán críticamente la sucesión de poderes en la isla y harán todo lo posible por evitar que la reconstrucción de la legitimidad del régimen, en ausencia del líder histórico de la Revolución, no pase de una refuncionalización de las instituciones. Ellos presionarán, dentro y fuera de Cuba, para que la reforma económica rompa sus propios límites e implique una liberalización política del sistema.
En cualquier caso, la oposición y el exilio deberían ser conscientes de que el nuevo gobierno de Raúl Castro, Machado Ventura y los generales sí emprenderá cambios en la economía cubana, que serán muy populares en la isla. A pesar de su composición vieja y retardataria, las reformas que impulsará la máxima dirigencia del país, probablemente, incrementarán el respaldo doméstico e internacional del gobierno. En ese escenario, cabría preguntarse si la oposición y el exilio deberán mantener la misma estrategia y el mismo lenguaje que han sostenido desde la caída de la Unión Soviética y, en su peor versión, desde la Guerra Fría. Si las necesidades básicas de la población son cubiertas, como anunció Raúl Castro en su último discurso, las demandas de la oposición deberán desplazarse mayoritariamente hacia la esfera política.
La disidencia y el exilio podrían convertir la liberación total e incondicional de presos políticos y la falta de reconocimiento de una oposición pacífica y soberana en sus dos demandas principales. La primera de esas demandas, la excarcelación de los 240 ciudadanos recluidos por delitos de conciencia, no ofrece mayores dificultades, ya que es una causa moralmente aceptada en la comunidad internacional, aunque muy pocos países contribuyan a la misma de manera directa y eficaz. La segunda demanda, sin embargo, debe enfrentar algunos obstáculos para avanzar dentro y fuera de la isla. Muchos opositores y exiliados parten de la premisa de que la oposición cubana no debe reclamar reconocimiento de un gobierno que consideran ilegítimo.
En efecto, el gobierno cubano puede ser considerado ilegítimo desde una cultura política democrática o liberal. Sin embargo, ese es el gobierno “realmente existente” en la isla, el que domina con amplias facultades la sociedad cubana y el que mantiene la gobernabilidad, a pesar de tanto autoritarismo y tanta inconformidad. Se trata, además, de un gobierno, como decíamos, con posibilidades de renegociar su popularidad ante la ciudadanía por medio de un paquete de reformas económicas. Si la oposición y el exilio persisten en trabajar con la ciudadanía de la isla y la comunidad internacional, sin intentar el reconocimiento del régimen, buena parte de ese trabajo se mantendrá, como hasta ahora, en la marginalidad o en el testimonio. Aún en estas dos últimas dimensiones, ese trabajo será siempre valioso, como referente histórico de la futura transición democrática, pero ineficaz como motor de cambio en el presente.
Buena parte de la estrategia de la oposición y el exilio, en el último medio siglo, ha estado ligada a la expectativa de un levantamiento popular en la isla o de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. La observación de la vida cotidiana de los cubanos y de la política de Washington hacia la isla, basada en la preservación del orden y la seguridad nacional en un pequeño país fronterizo, con un alto potencial migratorio, arroja que ambos escenarios deben ser descartados. De manera que la oposición y el exilio tendrían que reacomodar sus agendas a la circunstancia de una sucesión lenta, autoritaria, con una apertura económica limitada y una liberalización política inexistente. En este sentido, la práctica política inaugurada por el documento “La patria es de todos”, el proyecto Varela y la coalición Todos Unidos siguen siendo antecedentes aprovechables para presionar a favor del reconocimiento de la oposición como un actor legítimo de la vida pública cubana.
La causa de la oposición y el exilio es justa, puesto que se inspira en la construcción de un orden democrático en Cuba, en el que quepan todos, comunistas y liberales, autoritarios y demócratas, revolucionarios y exiliados. Sin embargo, sus métodos no necesariamente son los más adecuados para lidiar con una sólida estructura de poder, que se propone recuperar la legitimidad y el consenso perdidos en las dos últimas décadas fidelistas. La historia, seguramente, dará la razón a quienes se enfrentaron a un régimen totalitario de medio siglo o más, pero esa satisfacción puede llegar muy tarde, cuando varias generaciones de opositores y exiliados hayan desaparecido. Entonces, el legado de esa oposición y ese exilio podría convertirse en un asunto de los historiadores y no en una fuerza de la nueva democracia.
Trabajar por el reconocimiento de la oposición y el exilio como actores legítimos de la vida pública cubana no debe ser visto como una proposición ingenua o como una claudicación. Es evidente que el gobierno de Raúl Castro no contempla reconocer otro liderazgo nacional que no sea el suyo. Sin embargo, desde un punto de vista simbólico, la mayor credibilidad de la oposición, como se comprobó con el proyecto Varela, proviene de una presión pacífica sobre los límites de la actual legislación totalitaria. La oposición es una fuerza moral de la transición democrática que, reprimida y descalificada por el régimen, se comunica con la ciudadanía de la isla a través de la comunidad internacional y el exilio, por lo que su mensaje muchas veces llega desvirtuado a su audiencia natural. La pregunta es si la oposición y el exilio, además de fuerzas morales, quieren ser fuerzas políticas del cambio de régimen en Cuba.
La sucesión de Raúl Castro y los jerarcas del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas en Cuba ha impuesto su ritmo al cambio democrático cubano. Dicho ritmo opera como las estaciones, dosificando el cambio a lo largo del tiempo, de tal manera que algunas demandas de transformación, aceptadas por la propia dirigencia, como la renovación generacional de las élites, u otras, rechazadas por ellas mismas, como la apertura de la esfera pública o la concesión de derechos civiles y políticos, se posterguen indefinidamente. Es probable que Raúl, Machado Ventura y los generales estén pensando mantener un estricto control sobre la clase política insular durante los próximos cinco años, según el período de mandato de la Asamblea Nacional, que corresponderían a la aplicación de reformas económicas. Luego, se procedería a una reestructuración del Consejo de Ministros.
La democracia no es, desde luego, una estación del cambio prevista por esos líderes. Pero, tal vez, la generación histórica piense que los derechos civiles y políticos, la libertad de asociación y expresión, son problemas que deberán enfrentar los más jóvenes de las élites cuando los viejos ya no estén. La renovación generacional de la clase política cubana ya se ha producido, en parte, dentro del Consejo de Ministros y la estructura local y provincial del Partido Comunista. Sin embargo, para que esa renovación llegue a la máxima dirección del país habrá que esperar algunos años: tal vez, los años que dure la salud de Raúl Castro. Cuando la racionalidad biológica de la sucesión imponga el ascenso de una nueva generación al poder, el Estado cubano deberá enfrentarse a la ausencia del liderazgo histórico y a una nueva reconstrucción de la legitimidad del sistema político.
En los próximos años, bajo Raúl, la legitimidad del régimen dependerá del éxito o el fracaso de las reformas económicas. Dentro de cinco o diez años, cuando la generación histórica ya no pueda gobernar, la nueva reconstrucción de la legitimidad que sobrevendrá no podrá desentenderse de la gran asignatura pendiente: la democracia. En caso de que las reformas económicas fracasen, como vaticinan muchos expertos, la presión interna a favor de la democratización será mayor. Por ahora, sin embargo, nada, desde afuera o desde adentro, parece amenazar el ciclo de estaciones impuesto por la sucesión autoritaria. Nada, ni la presión comercial de Estados Unidos, ni el diálogo diplomático de España, ni el testimonio de la represión que llega desde las cárceles, ni el dolor de un exilio de media centuria son decisivos para la aceleración de un cambio de régimen en Cuba.
Decía al principio que, en política, es bueno distinguir realidad y deseo. Un análisis medianamente informado de la realidad cubana nos persuade de que la democracia no está cerca. Quienes tenemos la certidumbre de que hay un orden democrático en el futuro de la isla, procedemos más por la vía de la fe que por la de la razón. Es decir, pensamos que tiene que haber una transición democrática a la vuelta de la esquina porque la democracia, aunque no es un sistema político perfecto, es la forma de gobierno más racional concebida por el hombre. Pensamos que un país joven, diverso y transnacional, como Cuba, sólo puede dirimir civilizadamente sus diferencias y satisfacer los intereses contradictorios de su sociedad bajo un estado de derecho y un régimen con libertad de asociación y expresión. La única forma de gobernar esa comunidad plural, sin democracia, es, como en el actual sistema político, por medio de la exclusión de millones de cubanos.
Quienes así pensamos no podemos admitir que la democracia no sea el desenlace de la historia de Cuba. A veces olvidamos que, aunque suena parecido, la razón humana es una cosa y la razón cubana otra. El corazón cubano tiene misterios que la razón humana desconoce, podríamos decir, parafraseando a Pascal. Sin embargo, ninguna evidencia, ninguna estadística será suficiente para dejar de desear la democracia ni para dejar de sostener que el encarcelamiento de opositores moderados y pacíficos y la falta de derechos civiles y políticos son injustos. Aunque la historia transcurra a favor de la sucesión autoritaria, quienes desean una transición democrática en Cuba, que son muchos, seguirán defendiendo sus ideas y trabajando porque el cambio de régimen se produzca en paz y para beneficio de todos los cubanos, los de la isla y los del exilio.
Publicado en: El Tono de la Voz
Thursday, March 6, 2008
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